Fuente: Human Rights Watch29 de octubre de 2020
Las autoridades chinas deberían investigar la muerte de una mujer tibetana bajo custodia y liberar a su primo detenido injustamente, dijo hoy Human Rights Watch. Lhamo, una pastora del condado de Driru en Nagchu, Región Autónoma del Tíbet, murió en un hospital local en agosto de 2020 poco después de ser trasladada allí desde la custodia policial. Los cargos contra su primo Tenzin Tarpa deben retirarse de inmediato.
En junio, las autoridades detuvieron a Tarpa, un empresario de 39 años del municipio de Chaktse en Driru que comerciaba hierbas medicinales y otros productos locales, aparentemente acusado de haber enviado dinero a familiares u otros tibetanos en la India, una práctica común. Lhamo, una mujer de 36 años y madre de tres hijos fue detenida dos días después, aparentemente por los mismos cargos. Gozaba de buena salud antes de su detención. En agosto, sus familiares fueron llamados al hospital, donde la encontraron muy magullada e incapaz de hablar. Murió dos días después, y su cuerpo fue incinerado de inmediato, lo que impidió un reconocimiento médico.
“La muerte de Lhamo, una pastora tibetana, es el último de un patrón de aparente tortura y muerte bajo la custodia del Estado chino”, dijo Sophie Richardson, directora de HRW China. “Las autoridades regionales tibetanas deben rendir cuentas por las violaciones graves, incluidas la detención arbitraria, la tortura o los malos tratos y la privación del derecho a la vida”.
Aunque enviar dinero fuera del país no es formalmente un delito según la ley china, las autoridades consideran que el contacto entre los tibetanos en el Tíbet y los del extranjero “pone en peligro la seguridad nacional”.
Los casos también ilustran el maltrato prolongado del gobierno chino a los tibetanos, dijo Human Rights Watch. Tarpa, un exmonje, había estado bajo sospecha de las autoridades locales desde 2012, cuando se encontraba entre varios monjes de la Región Autónoma del Tíbet forzados a abandonar el famoso monasterio de Larung Gar en una zona tibetana de la provincia de Sichuan. Tarpa abrió una escuela de enseñanza tibetana media para niños en Chaktse, pero las autoridades la cerraron alegando que era “ilegal”. Después de eso, fundó la Local Produce Trading Company, que se convirtió en un éxito.
Debido a las restricciones extremas del gobierno sobre las comunicaciones para las poblaciones minoritarias en China, los informes de casos como el de Lhamo y Tarpa rara vez se conocen fuera del país. Esto es particularmente cierto en el condado de Driru, donde las autoridades locales aplastaron las protestas pacíficas en 2013-2014, y las restricciones a las libertades básicas se encuentran entre las más severas de la región.
Las normas de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General establecen que todos los casos de muerte bajo custodia deben ser objeto de “investigaciones rápidas, imparciales y efectivas sobre las circunstancias y causas de la muerte”. Como ha señalado el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dado que existe una presunción de responsabilidad estatal debido al entorno de custodia y la obligación del gobierno de garantizar y respetar el derecho a la vida, el gobierno tiene que proporcionar pruebas para refutar la presunción de responsabilidad estatal. A falta de prueba de que no es responsable, el gobierno tiene la obligación de reparar a la familia del fallecido.
El gobierno chino también tiene reglas relacionadas con las muertes bajo custodia. Estas requieren que la policía “lleve a cabo de inmediato” una investigación sobre la causa de la muerte mediante la visualización y conservación del video de vigilancia de la celda de detención y el interrogatorio de otros detenidos, médicos y guardias, entre otras medidas.
Una declaración colectiva de expertos en derechos humanos de la ONU en junio subrayó la necesidad de una investigación independiente de la gama de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno chino. Expresaron gran preocupación por las fallas de China en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y recomendaron el establecimiento de un mecanismo imparcial e independiente de la ONU para monitorear e informar sobre los abusos “en vista de la urgencia de las situaciones” en Hong Kong, Xinjiang y Tíbet.
“Durante décadas, los funcionarios chinos se han salido con la suya deteniendo a personas sin justificación y maltratándolas, incluso hasta el punto de la muerte”, dijo Richardson. “No se puede confiar en que esos funcionarios investiguen estas violaciones, lo que crea una necesidad urgente de investigaciones internacionales independientes por parte de expertos en derechos humanos de la ONU”.
Traducción al español por Aloma Sellanes tibetpatrialibre.org